La izquierda laicista o el ataque que no cesa II

Historia

 

No habían transcurrido más que veintiún años desde el alumbramiento de la Masonería, cuando el papa Clemente XII la condenó en 1738. Y la historia nos ha demostrado la contradicción y enemistad entre la Iglesia católica y la Masonería, que san Agustín lo resume magistralmente: “Dos amores edificaron dos ciudades: el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena; el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial”.

El siglo XVIII fue para la Masonería un período de inquietud, y no fue la Santa Sede la primera ni la única en condenarla y prohibirla. En 1735 lo hicieron los Estados Generales de Holanda, en 1736 el Consejo de la República y Cantón de Ginebra; en 1737 el Gobierno de Luis XV de Francia y el Príncipe Elector de Manheim en el Palatinado; en 1738 los magistrados de la ciudad de Hamburgo y el rey Federico I de Suecia; en 1743 la emperatriz María Teresa de Austria, en 1744 las autoridades de Aviñón, París y Ginebra; en 1745 el Consejo del Cantón de Berna, el Consistorio de la ciudad de Hannover; en 1748 el gran sultán de Constantinopla; 1751 el rey Carlos VII de Nápoles (futuro Carlos III de España) y su hermano Fernando VI de España; en 1770 el gobierno de Berna y Ginebra; en 1784 el príncipe de Mónaco y el elector de Baviera Carlos Teodoro; en 1785 el gran Duque de Baden y el emperador de Austria José II; en 1794 el emperador de Alemania Francisco II, el rey de Cerdeña Víctor Amadeo, y el emperador ruso Pablo I; en 1798 Guillermo III de Prusia, etc., por citar sólo los más reconocidos. En este contexto histórico, las prohibiciones y condenas de Clemente XII, en 1738, y de Benedicto XIV, en 1751, no son más que otros tantos eslabones en la larga cadena de medidas adoptadas por las autoridades europeas durante este siglo XVIII.

En todos estos casos las razones alegadas por unos y otros, que corresponden a gobiernos protestantes (Holanda, Ginebra, Hamburgo, Berna, Hannover, Suecia, Dantzig y Prusia), a gobiernos católicos (Francia, Nápoles, España, Viena, Lovaina, Baviera, Cerdeña, Portugal, Estados Pontificios…), e incluso islámicos como (Turquía), se reducen al secreto riguroso con que los masones se envuelven, así como al juramento hecho bajo tan graves penas, y sobre todo porque toda asociación o grupo no autorizado por el gobierno era considerado ilícito, centro de subversión y un peligro para el buen orden de los Estados. Es cierto que tanto Clemente XII como Benedicto XIV, a los motivos políticos, añadieron otro de tipo religioso, como que las reuniones de masones eran «sospechosas de herejía» ya que éstos admitían en las logias a individuos de diversas religiones, es decir, a creyentes católicos y no católicos, con tal de que pertenecieran a alguna religión monoteísta. Y las reuniones entre católicos y no católicos en la época estaban severamente prohibidos por la Iglesia católica bajo la pena de excomunión.

Durante la revolución francesa en la que fueron víctimas tanto católicos como masones, entre ellos el sacerdote católico José María Gallot, de Laval, quien posteriormente sería beatificado por la Iglesia. El golpe más feroz de la represión jacobina fue, contra la comunidad católica, fiel reflejo de ello la tenemos en la región francesa de La Vendeè, donde fueron decenas de miles de víctimas entre hombres, mujeres e incluso niños, bajo el lema contrarrevolucionario “Dios el Rey”.

Tras la revolución, la situación sería radicalmente diferente, pues mientras que en los países anglosajones la masonería adquirió un cierto prestigio social, sin embargo en los llamados países católicos los ideales de la masonería, identificados en gran medida con los del liberalismo, suscitaron por parte de la Iglesia católica y de los gobiernos

absolutistas de la época, un justificado y gran recelo.

Desde Pío VII, en 1821, con su Constitución Ecclesiam Christi, hasta la Humanum genus (1884) de León XIII, la masonería será identificada por Roma como una “sociedad secreta” cuyo fin era «conspirar en detrimento de la Iglesia y de los poderes del Estado».

El propio León XIII en la Humanum genus alude a las prohibiciones de la masonería por parte de ciertos gobiernos y recalca que «el último y principal de los intentos» de la masonería «era el destruir hasta sus fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el Cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo». Y como prueba del proceder de la «secta masónica» añade que la masonería «mucho tiempo ha que trabaja tenazmente para anular en la sociedad toda injerencia del magisterio y autoridad de la Iglesia, y a este fin pregona y contiende deberse separar la Iglesia y el Estado, excluyendo así de las leyes y administración de la cosa pública el muy saludable influjo de la Religión católica».

(Continuará)

Juan Manuel Góngora Ramos

Periodista

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